La popular Mª Carmen Dueñas reprocha el desprecio a los ciudadanos: ni el más de millón de firmas ciudadanas contra la ley del aborto entregadas en el Congreso les ha movido a respaldar el veto que pedía su partido
REDACCIÓN HO / EUROPA PRESS.- La Comisión de Igualdad del Senado rechazó hoy los tres vetos presentados por el PP, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) al proyecto de Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con los apoyos del PSOE, Entesa Catalana Progrés (PSC-ERC-ICV), PNV y el senador independiente navarro Francisco Javier Tuñón.
La senadora del PP Mª Carmen Dueñas era clara en su reproche:
“Ustedes, que tanto alardeaban de gobernar para los ciudadanos, lo cierto es que en los últimos tiempos estamos pudiendo comprobar que hacen todo lo contrario: desprecian el millón de firmas que ayer se presentó, y desprecian a todo aquel que no está de acuerdo con sus planteamientos, y en ese afán continuo de dividir a esta sociedad entre 'buenos' y 'malos', siendo lógicamente 'los malos' aquellos que tenemos otra posición”.
La senadora de Convergencia (CDC-CiU) Monstserrat Candini votó en contra de la propuesta del PP y UPN de devolver el texto al Gobierno pero se abstuvo en la de su compañero de Unió. De este modo, los vetos del PP y de UPN se rechazaron con 14 votos en contra y 12 a favor; mientras que el del senador de Unió Jordi Casas se rechazó con 13 votos en contra, 12 a favor y una abstención.
Las 88 enmiendas y los vetos que se mantengan al proyecto de ley serán debatidos y votados previsiblemente en el Pleno del Senado el próximo miércoles 24, donde se espera que el texto sea apoyado por la mayoría de la Cámara, auguraron a Europa Press distintas fuentes parlamentarias. Una vez sea aprobado en el Senado, el texto deberá ser ratificado en el Congreso, algo que podría ocurrir en el Pleno del 11 de marzo.
En caso de que el texto sea apoyado en todos sus trámites parlamentarios, la nueva ley entrará en vigor a los cuatro meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Interrupciones en la comisión
El debate de esta mañana ha sido interrumpido en diversas ocasiones por la presidenta de la Comisión de Igualdad, quien ha llamada la atención a los senadores para que guardaran silencio mientras hablaba el orador de turno.
La portavoz del PP, María José de la Fuente, acusó al PSOE de querer "imponer el aborto libre sin respaldo social" y dijo que "lo único que pide la calle es que se retire esta reforma y que se habiliten medidas que ayuden a la mujer" durante y después de su embarazo.
Según indicó, la nueva ley "es inconstitucional, no respeta el derecho a la vida del no nacido y vulnera el principio de la patria potestad", ya que permite a las chicas de 16 y 17 años "abortar sin el conocimiento de sus padres". Igualmente, el PP criticó a los socialistas por hacer una ley que "libera a los hombres de sus responsabilidades" y por convertir en un derecho "algo que es malo para la mujer".
En el mismo sentido, la senadora de UPN, María Caballero, defendió su propuesta de veto alegando que "el aborto no es un derecho" y que la reforma "no cuenta con consenso ni estaba en el programa electoral del PSOE". Caballero destacó que a su formación le preocupa "que los jóvenes consideren el aborto como un método anticonceptivo más" y pidió al Gobierno que "centre sus esfuerzos en salir de la crisis económica y en proponer proyectos que unan y no que dividan" a los españoles.
El PSOE frivoliza indicando que las mujeres son "canguritos"
Por parte del PSOE, Patricia Hernández, acusó al PP de tratar a las mujeres como "canguritos" y de quererlas "convencer para que tengan el hijo, metiéndose en la esfera de su intimidad", mientras que su grupo -agregó- defiende que las mujeres "decidan libremente cuando quieren tener hijos". "Apoyamos a las mujeres que deciden ser madres y queremos apoyar a las mujeres que deciden no ser madres en un momento", apuntó sin reparos.
El también senador socialista Roberto Lertxundi aseguró que "la legalidad disminuye el número de abortos y que las leyes, cuanto más liberales son, menos abortos hay". Además, dijo que las mujeres que acuden a abortar no entienden de ideologías y de hecho "algunas de ellas abortan santiguándose, así de claro", aseveró.
Imitando la triviaidad de su compañera de grupo, Lertxundi señaló que países mayoritariamente católicos como España, Irlanda o Polonia registran altas tasas de aborto. "Y si la Iglesia Católica sigue considerando que el uso del preservativo es pecado, ustedes me dirán hasta donde pueden llegar las cosas", apostilló. También acusó al PP y a las organizaciones provida de "inventarse el síndrome postaborto" y agregó que la nueva ley "es un avance histórico".
Desde Entesa, Assumpta Baig (PSC) destacó que esta ley introduce "mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales que las atienden", mientras que Miren Lore Leanizbarrutia (PNV) afirmó que el proyecto "ha sido mejorado sustancialmente" durante su tramitación parlamentaria.
Postura de consenso en CiU
Por su parte, la senadora de Convergencia (CDC-CiU) Montserrat Candini, que dio por defendido el veto de Casas, explicó que su grupo "es plural y no se rige por dogmatismos ideológicos", por lo que los senadores tendrán libertad de voto en el Pleno. En la Comisión, Candini optó por la abstención "como postura de consenso".
Su opinión personal es que esta reforma "mejora la actual legislación" e incide en prevención para redvucir los embarazos no deseados, por lo que cree que disminuirá el número de interrupciones de embarazos.
Por último, el parlamentario independiente Tuñón se apuntó al grupo de lós defensores de falsos derechos al mostrarse favorable a garantizar "el derecho a decidir de la mujer", que además debe ser "libre y gratuito", y denunció que Navarra es la única comunidad que no practica abortos.
Según dijo, ésta es su postura personal, pero es compartida por la mayoría de grupos del Parlamento navarro y por la mayoría de formaciones del Grupo Mixto del Senado, al que representaba en la Comisión. "Pese al ruido de los grupos conservadores y de la Iglesia, la sociedad española está madura para esta ley", concluyó.
