No llegan a los extremos de las matanzas en escuelas de Alabama o Winnenden (Alemania), pero la prensa francesa resume estos días una relación de hechos sucedidos en las barriadas más “sensibles” del extrarradio de París: el 8 de enero un alumno de 18 años moría apuñalado en el pasillo de un liceo; el 2 de febrero otro de 14 era torturado por siete personas en el centro escolar; el 11 de este mes, otro estudiante de 12 recibía una gran paliza a la salida del colegio y tenía que ser hospitalizado; el día 16 otro era atacado con un cutter por seis compañeros durante la clase de gimnasia.
Se trata de manifestaciones “ordinarias” de la violencia escolar que se produce en los centros escolares en los últimos años, y que, en un país tan centralizado como Francia, los sucesivos gobiernos intentan erradicar sin éxito con planes más o menos ambiciosos. De hecho, como refleja una encuesta del Instituto Harris, la percepción para el 90% de los franceses es que la violencia ha aumentado a lo largo de los últimos diez años, y el 61% está directamente preocupado por sus propios hijos.
El fenómeno es más general de lo que parece, como consecuencia de la crisis familiar y del desarraigo, aunque se agudiza en colegios y liceos de las zonas más conflictivas socialmente. Además, crece la sensación de impunidad, a pesar de los comités de disciplina, el establecimiento de sanciones, o la mejor formación del profesorado en la prevención de conflictos.
Ante esta situación, el ministro de educación, Luc Chatel, ha recurrido a una fórmula clásica en el país vecino: convocar para abril “estados generales” sobre esta materia, con la participación de los agentes profesionales y sociales afectados por el problema.
Medidas de seguridad
Entre las medidas de seguridad que se van experimentando o se proponen ahora, están las siguientes:
- examinar a diario el contenido de las mochilas (más teórico que real, pues se producirían embotellamientos y retrasos);
- instalar arcos de entrada con detectores de metales (haría falta personal suplementario);
- ampliar el número de cámaras y micrófonos (los tiene ya el 60% de los liceos de la región parisina);
- poner alambradas altas para evitar el acceso a gente de fuera;
- aumentar el número de equipos móviles de seguridad mixtos de educadores y policías (existen ya en 19 circunscripciones equivalentes a nuestros distritos universitarios);
- fijar agentes policías de referencia que acudan inmediatamente (hay ya alrededor de doscientos).
Como es lógico, para los sindicatos lo importante es aumentar el número de educadores, en contra de la actual política de reducción: 40.000 puestos docentes menos desde 2007. En esto coincide la encuesta del Instituto Harris: antes que aumentar las medidas de control interno, el 93% pide reforzar el personal de vigilancia en las escuelas y el 83% el de los profesores. Para el 75%, sería importante también una mayor presencia policial a la salida y en las proximidades de los centros escolares.
La cuestión está en averiguar las causas por las que han ido fracasando los diversos planes, pues no todo puede depender del número de profesores ni del incremento de medidas de seguridad y control, incluida la llamada policía de proximidad. Faltan instrumentos de medida fiables. Pero se advierte que la violencia tiende a ser colectiva –crecen las bandas, con los inevitables ajustes de cuentas periódicos–, y se proyecta cada vez más sobre el profesorado. Desde luego, tiene mucho que ver con las crisis familiares, sociales y culturales, que incrementan las manifestaciones de individualismo y anomia, rayanas en cierto autismo social.
Por eso se pregunta no sin ironía Robert Solé en Le Monde (18-2-2010): “¿por qué estados generales hay que empezar: los de la violencia en la escuela o los de la autoridad de los padres?”.
Salvador Bernal
Aceprensa
