Según el portavoz de la Conferencia Episcopal Española
MADRID, jueves 25 de febrero de 2010 (ZENIT.org).- La nueva ley sobre el aborto, aprobada este miércoles en el Senado, “supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes, así como, en definitiva, un daño muy serio para el bien común”.
Lo afirmó este jueves el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en una rueda de prensa posterior a la reunión cuatrimestral de la Comisión permanente de la CEE.
El prelado también se refirió a las implicaciones de esa ley en el ámbito educativo como “uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva ley, que instrumentaliza la educación al servicio de la ideología abortista”.
Rechazó la “educación encaminada al oscurecimiento de la conciencia acerca del derecho a la vida” y consideró que la ley propone una “triste perspectiva”.
Y añadió que el texto aprobado “pone restricciones a la objeción de conciencia de los profesionales”.
El Rey, caso único
Tras la aprobación por parte del Gobierno, del Congreso y del Senado españoles, el proceso para aprobar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo pasa por la sanción del texto por parte del Rey.
En respuesta a varias preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, monseñor Martínez Camino explicó que “la CEE no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad y sobre el acto único que ejerce el rey al sancionar la ley”.
El portavoz de los obispos de España diferenció la situación de Juan Carlos I de la de los políticos ante la votación de la ley. “Es distinto sancionar la ley que votarla”, afirmó.
“Como el acto del Rey es único, muy distinto al del de un político que da su voto a esta ley pudiendo no darlo, la CEE no va a dar consejos -añadió-. No son posibles principios generales”.
No es un derecho
El portavoz del episcopado español aconsejó volver a leer en su integridad la Declaración del pasado 17 de junio de la Comisión permanente titulada “Sobre el anteproyecto de ley del aborto: atentar contra la vida de los que van a nacer convertido en ‘derecho’”.
Remitiéndose a su contenido, el obispo calificó como “triste” y “grave” la aprobación de “una ley que convierte el aborto en un supuesto derecho”, “una ley que da licencia para matar a los hijos”.
Monseñor Martínez Camino destacó “la voluntad de la Iglesia de seguir defendiendo el derecho a vivir de los que van a nacer”.
Al mismo tiempo, indicó que la Iglesia comprende “los problemas que la madre gestante puede encontrarse en su vida” y ofrece “alternativas al drama y al crimen del aborto”.
Respuesta ciudadana
Sobre la respuesta civil a la ley, el portavoz de la CEE declaró que “todo lo que se haga para concienciar para mantener el derecho a la vida de los que van a nacer, por cauces legítimos, es bienvenido, lo haga quien lo haga”.
Afirmó que cada vez hay una mayor sensibilización social hacia la ecología del ser humano y la ecología en general.
También recordó que el próximo 25 de marzo se celebrará la próxima jornada a favor de la vida, de la que los obispos esperan “que sea un momento importante para la revitalización de esta conciencia ciudadana que exija una abolición de esta ley cuanto antes”.
Pulgar hacia abajo
Mientras tanto, la Federación Española de Asociaciones Provida ha manifestado su “dolor por los no nacidos, que quedan por ley despojados de todo su valor y sus derechos” y “por las mujeres embarazadas en dificultades”.
Ha dirigido duras palabras a los políticos que “han puesto el pulgar hacia abajo, entre tantas mentiras y prepotencia”.
En un comunicado enviado a ZENIT este miércoles, la presidenta de la Federación, Alicia Latorre, asegura que “este terrible día, lejos de desanimarnos, nos urge a actuar más fuerza, cariño y dedicación hacia los no nacidos y sus madres y hacia tantas personas que necesitan curarse de las heridas del aborto”.
Anticonstitucional
Por su parte, el Instituto de Política Familiar (IPF) ha calificado la ley de “regresiva y aberrante” y advirtió hará aumentar el número de abortos en España.
Su presidente, Eduardo Hertfelder, denunció que la ley va contra la Constitución española al considerar el aborto como un derecho de la mujer y al imponer esta consideración en la educación.
“Según esta ley ya no tengo derecho a la vida por ser persona, sino que hay otra persona que me da o me quita ese derecho”, declaró.
Además, añadió, “ya no serán los padres los que decidan la educación moral que quieren para sus hijos, sino el Estado”.
El IPF denunciará, el próximo martes en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, lo que supondrá esta ley para Europa.
Por Patricia Navas
