La educación ha irrumpido con una fuerza inusitada en la agenda política y social de la última semana. El Partido Popular ha inaugurado el ciclo colocando sus propuestas para un pacto educativo en el tejado del Gobierno y de la opinión pública. Con este motivo ha resurgido de nuevo la polémica de Educación para la Ciudadanía (EpC), un conjunto de asignaturas que el PP pretende suprimir en algunos casos y reformar en otros reconociendo (es de agradecer) su carácter adoctrinador.
En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los populares reformarán los contenidos de estas materias EpC para que sólo transmitan «valores constitucionales». La Constitución y el ordenamiento político-jurídico español se abordan ya en Ciencias Sociales y en Historia. Entonces, ¿por qué ese empeño en introducir una nueva materia que aborde los «valores constitucionales»?
Para la actual EpC, los valores incluidos en la Constitución Española «constituyen el referente ético común». No hay que olvidar que muchas EpC autonómicas otorgan a sus respectivos estatutos de autonomía el mismo carácter de «referente ético» obligatorio. En definitiva, una vieja trampa para enseñar positivismo jurídico, según el cual la ley aprobada en el Parlamento es fuente de moral (por encima de las convicciones y creencias «privadas»). Esperemos que los populares se den cuenta a tiempo y no se dejen marcar este gol.
La propuesta del PP sobre EpC también se refiere a la modificación de los «contenidos». Pero el desarrollo curricular de las asignaturas tiene cuatro patas: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas. Y todas ellas tienen valor académico y contribuyen a la evaluación de los alumnos. Pues bien, en todas ellas se desparrama la «intensa carga ética, moral e ideológica» de EpC, como ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en las casi 250 sentencias dictadas a favor de los padres objetores (con los que, por cierto, el PP tiene alguna deuda pendiente en Madrid y en Castilla y León). No basta, por tanto modificar únicamente los contenidos.
La segunda noticia educativa de la semana ha sido la presentación del Manifiesto por la libertad de educación, una iniciativa suscrita por más de 140 asociaciones. El citado documento se refiere a lo que algunos hemos llamado EpC II: el capítulo educativo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como explicó la ministra de Sanidad (ABC, 16 de noviembre de 2009), se trata de educar a los alumnos (desde los 11 años) en derechos reproductivos y diversidad sexual, prevención de embarazos no deseados y, lógicamente, en el aborto como un «derecho». Aunque se trata todavía de un proyecto, la nueva «educación sexual obligatoria» se llevará a cabo mediante «agentes de sanitarios» acreditados por Sanidad.
La libertad de educación, por tanto, sigue en el alero. Y no habrá pacto educativo posible si no se respetan los derechos de los padres reconocidos por el artículo 27.3 de la Constitución. En esas estamos.
Teresa García-Noblejas (en Alfa y Omega)
