La ministra de Igualdad del Gobierno de España, Bibiana Aído, participa estos días a la sesión anual de la Comisión sobre la condición de la Mujer en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York o, lo que es lo mismo, una de las más importantes reuniones del feminismo radical en el mundo que trata de imponer sus postulados a toda costa.
En esta ocasión, que coincide con los 15 años de la Conferencia sobre la mujer de Pekín, en la que se intentó imponer el supuesto «derecho» al aborto en todo el mundo, las plataformas feministras van a enfocar todos sus esfuerzos en hacer llegar al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, el mayor número de apoyos posibles a la llamada Declaración de Córdoba, que se redactó en Argentina el pasado mes de noviembre y en la que las firmantes piden «que Naciones Unidas acabe con el privilegio de la Santa Sede de ser "Estado Observador Permanente No Miembro" y limite el estatus que le otorga presencia en las conferenciasmundiales conpleno derecho al voto y le permite tomar parte en las discusiones y decisiones de la Asamblea General y a participar en agencias, comisiones, y comités de las Naciones Unidas».
En dicha declaración, las feminisrtas radicales aseguran que han «decidido», entre otras medidas, que:
* «No se puede objetar a los derechos reproductivos de las mujeres ya que esto dificulta un tratamiento adecuado del VIH / SIDA y merma los recursos sanitarios y educativos destinados a las mujeres».
* «El mayor peligro que enfrentan los derechos humanos de las mujeres en el mundo provienen de la ingerencia de las religiones en los Estados y por tanto es necesario apostar claramente por la laicidad de los Estados. Prpoponemos sacar el adcotrinamiento religioso de las escuelas y favorecer el estudio de todas las religiones porque son vehículos normativos y culturales, responsables en la mayor parte del mundo de las libertades de lasmujeres i de su sometimiento».
Desde este planteamiento, la Declaración de Córdoba concluye que «es imprescindible el compromiso de los organismos internacionales para desarrollar una acción sistemática de expresión e interpretación explícita de los tratados y convenciones de Derechos humanos en términos de las exigencias de igualdad de género».
La Declaración de Córdoba, que pretende guiar la agenda mundial, fue firmada por 500 mujeres.
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